Siria: La doctrina del shock

Autora: Leila Al Shami      |       Traduccion: Elena Cal

Publicado originalmente en inglés en:Al-Jumhuriya,   23 de abril de 2018

Tras expulsar en masa a comunidades enteras de numerosas ciudades y pueblos sirios, una nueva ley permite ahora que el régimen de Assad confisque sus propiedades, convirtiendo su desplazamiento en permanente y transformando radicalmente la demografía del país.

Después de siete años de represión y guerra, más de la mitad de la población siria ya no vive en sus propios hogares. La mayoría son desplazados internos, pero casi seis millones han huido del país en busca de asilo. Sueñan con regresar algún día a sus hogares, pero una nueva ley supone que muchos nunca puedan hacerlo.

El régimen sirio emitió la Ley Nº 10 el 2 de abril. La ley autoriza la formación de nuevas unidades administrativas locales (gobernaciones, ciudades y pueblos) encargadas de registrar la propiedad dentro de su área de jurisdicción. A los propietarios privados se les otorgan treinta días para registrarse y proporcionar un comprobante de propiedad. De lo contrario, el estado podrá confiscar la propiedad sin compensación.

El régimen ha presentado esta ley como un medio para rehabilitar barriadas marginales y áreas dañadas por la guerra. Sin embargo, se sospecha que impactará de manera desproporcionada a las comunidades que una vez estuvieron bajo el control de los rebeldes, de las cuales han sido desplazados los residentes, para así evitar su regreso. Estos suburbios informales de clase obrera (así como las áreas rurales desfavorecidas) han sido semilleros de resistencia y, por lo tanto, han quedado pulverizados por los implacables ataques aéreos del régimen.

Muchos sirios desplazados temen regresar a las áreas bajo control del régimen. El registro de su propiedad depende del visto bueno de las fuerzas de seguridad. En los últimos meses ha habido numerosos informes de repatriados que sufren arresto, tortura o conscripción forzada. El mes pasado, un sitio de noticias a favor de la oposición publicó una base de datos de 1,5 millones de sirios buscados por los servicios de inteligencia. La lista data de 2015, por lo que es probable que haya aumentado desde entonces. Los familiares de aquellos en la lista también pueden correr peligro. El régimen suele hacer pagar a los familiares de los que percibe como disidentes. Algunos propietarios pueden ser personas actualmente en prisión, asesinadas o desaparecidas.

Incluso para aquellas dispuestas a correr el riesgo de regresar, todavía hay obstáculos. Muchas casas se construyeron sin permisos por la rápida expansión de las áreas urbanas en las últimas décadas y los funcionarios corruptos siempre estuvieron dispuestos a hacer la vista gorda ante un soborno. Muchos de los que construyeron o compraron sus casas legalmente ya no poseen documentos. En una serie de áreas devueltas al control del estado, hay informes de la destrucción de los registros de propiedad por parte de las fuerzas del régimen. Por ejemplo, en julio de 2013, se incendió el registro de tierras en Homs, en lo que se consideró un ataque deliberado. Hay informes similares de Zabadani, Darayya y Qusayr. Y fueron muchas las personas que huyeron de sus comunidades sin llevar las escrituras de propiedad u otros documentos civiles (como certificados de nacimiento, muerte y matrimonio), o no pudieron registrarlas en el exilio.

La Ley Nº 10 es percibida por muchos como el intento del régimen de implementar un cambio demográfico. Ha sido ampliamente comparada con la Ley de Propietario Ausente israelí (1950) que legalizó la confiscación de propiedades de los palestinos expulsados ​​de sus hogares, transfiriéndolas a propiedad israelí. En este caso, el estado quiere transferir a manos de sus leales aquellas propiedades de las comunidades que nunca podrá gobernar bajo consentimiento.

Comunidades enteras que se rebelaron contra el Estado han sido sometidas repetidamente a transferencias forzosas de población. Ha sucedido en Madaya, Zabadani, Daraya, Moadamiya, el este de Alepo, y ahora en Guta oriental, de donde se han desalojado a decenas de miles de personas. Todos los casos siguen un patrón similar: asedian a la comunidad rebelde impidiendo la entrada de alimentos y suministros médicos; la bombardean implacablemente desde el aire atacando deliberadamente las áreas residenciales, tierras agrícolas (donde existen) y la infraestructura civil vital. La población hambrienta y traumatizada, que puede haber resistido durante años, recibe finalmente el ultimátum: la rendición o la aniquilación. A los acuerdos forzados de capitulación le acompañan las transferencias forzadas de población; un crimen de guerra y contra la humanidad. La Ley Nº 10 es la segunda fase del desplazamiento, la que asegura que el desplazamiento sea permanente.

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Captura de pantalla de video sobre la evacuación forzosa de la población del barrio de al Waer, Homs. 18 de marzo de 2017. Fuente: Qasioun News Agency (licencia Creative Commons)

En algunos casos ya han sido demolidas las casas de las personas expulsadas. En 2014, Human Rights Watch informó de la demolición no autorizada de miles de viviendas en los bastiones de la oposición de Damasco y Hama, borrando barrios enteros del mapa. En algunas zonas, los hogares de los desalojados por la fuerza han sido entregados a los leales al régimen. Esta práctica tiene con frecuencia una dimensión sectaria. Las comunidades opositoras se componen mayoritariamente de musulmanes sunitas, mientras que muchas comunidades minoritarias se han mantenido leales al régimen. Cuando en 2014 limpiaron de sus habitantes el barrio antiguo de Homs, se informó de lealistas alauitas y chiítas de aldeas cercanas que fueron trasladados a hogares sunitas vacíos. Los colonos extranjeros también se están instalando. Hay denuncias de entregas de propiedades a militantes chiítas respaldados por Irán y a sus familias procedentes de Irak y Líbano. También hay informes sobre la falsificación de registros que permiten la transferencia de propiedad a nuevos propietarios. La nueva ley estipula que, en ausencia de documentos de propiedad, el reclamante puede presentar una solicitud si está en posesión de un documento de identidad oficial o un pasaporte. Informes recientes (no confirmados) afirman que el régimen ha emitido miles de pasaportes sirios a combatientes iraníes, afganos y paquistaníes.

En un discurso de 2015, Assad declaró: “Siria no es para aquellos que tienen su pasaporte o residen en ella; Siria es para quienes la defienden”. A través de la transferencia de propiedad a manos leales, el régimen está imponiendo una realidad sobre el terreno, asegurando su fortaleza en áreas que desea para el futuro de su remanente estado. Tanto el estado iraní como los promotores inmobiliarios iraníes están supuestamente adquiriendo terrenos en la capital y en Homs. Irán espera que sus compañías se beneficien de la futura campaña de reconstrucción y también tiene intereses estratégicos en la adquisición de tierras, particularmente en las montañas de Qalamun, a lo largo de la frontera libanesa, para asegurar una conexión con su cliente Hizbullah.

La campaña de reconstrucción del país, estimada en más de 250.000 millones de dólares estadounidenses, será el foro a través del cual el régimen recompensará a sus aliados. El régimen siempre ha retribuido la lealtad, practicando un despiadado capitalismo de compinches, y la recons­truc­ción le permitirá afianzar aún más su base de poder político y económico. En mayo de 2015, se emitió el Decreto Nº 19, que otorgó a los gobiernos locales la facultad de establecer sociedades de cartera para llevar a cabo trabajos exentos de impuestos de reconstrucción y administrar propiedades en su nombre. Estas explotaciones gestionarán el desarrollo inmobiliario a través de la asociación con inversores privados y contratistas. Esto facilita básicamente la transferencia de activos públicos y propiedades expropiadas a empresas privadas.

El modelo ya está siendo aplicado. En 2012, el Decreto Nº 66, considerado como un precursor de la ley actual, allanó el camino para la expropiación de propiedades en dos áreas informales de Damasco (el distrito Basateen Mezzeh y la zona que abarca desde Qadam hasta Daraya en el sur). Se desalojó a los residentes, que recibieron una compensación insignificante. Fue anunciado como un proyecto de gentrificación para “rehabilitar áreas de viviendas no autorizadas y asentamientos informales” y convertirlas en viviendas residenciales de alta gama, centros comerciales y parques. La rehabilitación estará dirigida por la compañía provincial Damascus Cham Private Joint Stock Company, con un capital inicial de alrededor de 120 millones de dólares. Uno de los socios es el Grupo Aman, propiedad del amigote del régimen Samer Foz, que trabaja en el sector inmobiliario y alimentario. Hijo de un cercano aliado sunita de Hafez al-Assad, se ha convertido a lo largo de la guerra en uno de los hombres de negocios más poderosos del país. Si bien muchos de los beneficiados por este régimen provienen de la familia extensa de Assad y de grupos de la secta alauita a la que pertenece, el régimen ha buscado el apoyo de la comunidad empresarial sunita, que a su vez se benefició de las reformas económicas neoliberales de Bashar al-Assad y su impulso creciente hacia la privatización.

Otra persona que se beneficiará de estos proyectos es el primo de Assad, Rami Makhlouf. En su momento, se estimó que controlaba alrededor del sesenta por ciento de la economía a través de sus múltiples intereses comerciales y se cree que su riqueza personal es de miles de millones de dólares. En los primeros días del levantamiento, muchas de las consignas repetidas por la población a quienes empobrecía eran contra él y sus amigos. Reivindicaban justicia social y el fin de la corrupción, así como libertades políticas.

Igual sucede en Homs, donde se anunció un plan para rehabilitar las zonas destruidas por el régimen, incluidos los antiguos barrios rebeldes de Baba Amr y Jobar. En realidad, el régimen está reviviendo el proyecto ‘Homs Dream Project’ (ciudad de ensueño), que causó desalojos antes de 2011 y posteriormente fue abandonado debido a la oposición local. Denominada ‘Homs Nightmare’ (la pesadilla de Homs) por los lugareños, pretende edificar las áreas sunitas con rascacielos con fachada de vidrio, restaurantes y centros comerciales. Estas zonas en el centro de la ciudad han sido atacadas de manera desproporcionada por los bombardeos a pesar de no presentar un valor militar significativo. Un informe de Syria Institute y PAX indica que el objetivo del proyecto es “la redistribución de la población para fortalecer el control físico de la ciudad por parte de la comunidad progubernamental alauita”. Ahora, la Ley Nº 10 significa que se pondrán en marcha planes similares en todo el país a la espera de que se materialicen tanto los fondos como la estabilidad.

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Captura de pantalla del video promocional de “Homs Dream Project”

Para responder a las enormes necesidades de reconstrucción se necesitará inversión extranjera directa. Ciudades enteras se han convertido en páramos. Los países que probablemente se beneficiarán son los aliados del régimen, como Rusia, Irán y China, que fueron invitados a la Feria Internacional de Comercio del año pasado en Damasco. Estos países no condicionarán su ayuda por temas de derechos humanos o reformas políticas. Personalidades del régimen ya han declarado que las empresas europeas y estadounidenses no se beneficiarán a menos que sus gobiernos se disculpen por su oposición al régimen. Esencialmente, los esfuerzos de reconstrucción enriquecerán a las figuras del régimen y a sus aliados, que son responsables de la destrucción del país mientras consolidan el poder de la familia Assad y la élite empresarial.

En 2011, el pueblo sirio pidió libertad, dignidad y justicia social. Ninguna de sus demandas se cumplió. Fueron tratados cruelmente y han expulsado a millones ​​de sus hogares. Ahora la pregunta es: ¿cuántos tendrán hogares a los que regresar? ¿Qué significa “hogar” de todos modos cuando su país se reconstruye a la imagen de su torturador?

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Leila Al-Shami es una escritora siria, activista de derechos humanos y coautora de Burning Country: Syrians in Revolution and War (Pluto Press, 2016) traducido y publicado al castellano como País en Llamas. Los sirios en la revolución y en la guerra (Capitan Swing, 2017). Tuitea en @LeilaShami.


Imagen de portada: Foto de un soldado del ejército sirio enseñando el dedo corazón y un zapato en señal de desprecio hacia los buses que evacuaban de forma forzosa a la población de Guta Oriental. Compartida extensamente en medios sociales.

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