El régimen sirio persigue a sus oponentes gracias aun vacío legal: La acusación particular

Por Haid Haid

Publicado en inglés por Syndication Bureau, 1 de julio de 2019

Después de que el régimen de Damasco haya conseguido recuperar el control de los territorios rebeldes en Siria, se han disparado las detenciones de miembros de la oposición. No fueron sin embargo detenidos por cargos presentados por la fiscalía del Estado, como uno podría suponer. En su lugar, fueron detenidos en base a acusaciones particulares, un recurso judicial en el cual, en este caso, los ciudadanos supuestamente buscan justicia de ex rebeldes o activistas por violar sus derechos personales. Si bien el proceso es totalmente legal, muchos sirios creen que el régimen está detrás de los cargos de la fiscalía privada, abusando de una laguna legal para perseguir a sus oponentes. De hecho, el tráfico solo fluye en un sentido: cualquier persona que quiera presentar cargos en acusación privada contra figuras leales al gobierno seguramente será acosada, intimidada o incluso detenida.

Dos cosas hacen posible esta táctica del régimen. Bajo el llamado acuerdo de reconciliación, o “acuerdo de rendición”, con ex rebeldes, la policía militar rusa que trabaja bajo los auspicios del régimen está destinada a garantizar que no se detenga a ningún activista de la oposición simplemente por participar en actividades contra el régimen. En realidad, los rusos no siempre intervienen en estos casos. Tampoco el acuerdo de rendición impide que los activistas de la oposición sean acusados ​​de otros delitos o de otras formas. El resultado es que el régimen es capaz de vengarse de ellos a través de medios indirectos.

Esto es pues una ilustración de la perversión de la justicia en Siria, impuesta por los vencedores contra los ex rebeldes en la guerra del país.

Es extremadamente difícil obtener una imagen clara de la magnitud de este abuso judicial, debido a la falta sistemática de datos y las circunstancias secretas en las que se han producido algunos arrestos, por ejemplo, cuando las personas son llevadas a los centros de control. Los civiles en las antiguas zonas de la oposición empezaron a preocuparse en septiembre pasado cuando cientos de personas en Daraa, en la provincia norteña de Homs y en las zonas rurales de Damasco fueron arrestadas bajo el pretexto de que otras personas habían iniciado acciones legales contra ellas. En diciembre, según fuentes en Qudsaya, una ciudad al oeste de Damasco, afirmaron que el régimen tenía una lista de los 50 hombres locales buscados por cargos que iban desde disputas de propiedad hasta asesinatos. El pasado octubre también se emitieron órdenes para arrestar a 30 personas en Sheikh Miskin y 100 en Rastan, por el mismo motivo.

La información obtenida de las entrevistas y de los medios locales sugiere que la mayoría de estos cargos de acusación privada se presentaron contra ex comandantes y combatientes que se habían rendido. El hecho de que hayan renunciado al combate y hayan regresado a la vida civil o se hayan unido a grupos pro-régimen no parece haber reducido las posibilidades de que se presenten cargos en su contra.

Los segundos “más buscados” en la lista son los ex funcionarios que trabajaban en entidades gobernadas por la oposición, como los consejos locales, los tribunales y las fuerzas policiales libres. Los ex voluntarios de la defensa civil, como los miembros de los Cascos Blancos, los trabajadores humanitarios y los activistas de los medios de comunicación son los siguientes, junto con los civiles relacionados con cualquiera de los grupos mencionados anteriormente. El cargo más común es el asesinato, seguido de la extorsión.

Normalmente, el proceso legal para incoar una acusación particular es sencillo. La víctima o la parte agraviada presenta una queja y el tribunal correspondiente emite una orden de arresto oficial que es ejecutada por la policía o la Agencia de las Fuerzas de Seguridad.

Sin embargo, múltiples fuentes dicen que recientemente el proceso difiere en las antiguas áreas controladas por los rebeldes. Hay quejas continuas de detenciones llevadas a cabo sin una autorización oficial u orden judicial. También hay reclamos de arrestos por parte de la policía política o la dirección de inteligencia de la fuerza aérea, cuya competencia generalmente no se extiende a los procesos penales. En al menos algunos casos, los detenidos permanecieron en instalaciones utilizadas por esas agencias y no en prisiones civiles ordinarias. También han salido a la luz múltiples informes que apoyan la creencia de que los funcionarios del régimen han tenido un papel decisivo en alentar a la población civil a iniciar acusaciones particulares, lo que explica por qué el número de tales casos se ha disparado.

El impacto del uso de la acusación particular para saldar ajustes de cuenta políticos va más allá de socavar el funcionamiento prudencial de las instituciones estatales. Permitir que se presenten cargos sin recopilar pruebas de investigación en primera instancia ha convertido al poder judicial en una herramienta para extorsionar o para resolver rivalidades personales. En Rastan, en la provincia rural de Homs, en el sur de Siria, un hombre habría denunciado a 67 personas, luego detenidas, y amenazado a otras 300 con acciones similares. Para asegurar su liberación, muchos de los arrestados, aunque inocentes, se han visto forzados a sobornar a los funcionarios del régimen directamente o por medio de abogados.

En contraste, los partidarios del régimen, ya sean combatientes o civiles, reciben inmunidad total por los delitos cometidos tanto antes como durante el conflicto.

Dicha justicia de dos niveles solo puede dar como resultado aún más división, más polarización y más inestabilidad para el país, incluso mucho después de cesar la lucha. La única manera de evitar ese resultado es establecer una rendición de cuentas creíble y un sistema judicial justo que ofrezca a todas las víctimas, indepen­dien­­temente de su afiliación política, justicia real, del tipo que ayuda a sanar tanto las reivindicaciones individuales como el dolor de una comunidad.


Imagen de portada: Foto de Louai Beshar (AFP)

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